La protección de los datos personales no es solo una cuestión técnica o administrativa: es un derecho constitucional que garantiza la autodeterminación informativa y la privacidad de cada persona. En México, este derecho está respaldado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), la cual establece obligaciones claras para quienes recopilan y gestionan datos personales en el ámbito privado.
Su incumplimiento no solo representa una falla ética, sino también una exposición directa a sanciones económicas y penales. Por ello, comprender las conductas sancionables y sus consecuencias legales es fundamental para prevenir riesgos y fortalecer una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones.
¿Qué datos protege la ley?
La ley protege todos aquellos datos que, si se divulgan sin autorización, pueden afectar la esfera más íntima de una persona. Esto incluye información como:
- Origen étnico o racial
- Estado de salud
- Información genética
- Convicciones religiosas, filosóficas o morales
- Opiniones políticas
- Preferencias sexuales
- Afiliación sindical
Cuando se trata de estos datos personales sensibles, el tratamiento debe contar con consentimiento expreso y por escrito, mediante firma autógrafa, electrónica u otro mecanismo verificable de autenticación.
Infracciones que pueden generar sanciones
La LFPDPPP define un conjunto de conductas que, al incumplirse, constituyen infracciones sancionables. Entre las más relevantes se encuentran:
- No atender las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) sin causa justificada
- Actuar con negligencia o dolo al gestionar dichas solicitudes
- Declarar falsamente la inexistencia de datos personales cuando sí existen
- Tratar los datos en contravención a los principios establecidos en la ley (como licitud, finalidad, proporcionalidad y calidad)
- Omitir información obligatoria en el aviso de privacidad
- Conservar datos inexactos o no corregirlos cuando afecten derechos
- Incumplir el deber de confidencialidad
- Modificar sin justificación la finalidad original del tratamiento
- Transferir datos a terceros sin respetar las condiciones establecidas por el titular
- Vulnerar la seguridad de bases de datos o sistemas
- Recabar o transferir datos sin consentimiento expreso
- Obtener información de manera engañosa o fraudulenta
- Impedir el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 16 constitucional
Estas conductas no solo pueden dañar la confianza del titular, sino también la integridad y reputación de la organización.
¿Qué sanciones contempla la ley?
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es la autoridad encargada de imponer las sanciones correspondientes. Estas pueden ser:
🟢 Apercibimiento
Cuando se incumple una solicitud de derechos ARCO sin justificación legal.
💰 Multas económicas
- De 100 a 160,000 días de salario mínimo, por negligencia o dolo al gestionar solicitudes
- De 200 a 320,000 días de salario mínimo, por incumplir el deber de confidencialidad o por crear bases de datos contrarias a la ley
- Multa adicional de 100 a 320,000 días si hay reiteración de la infracción
Las multas pueden duplicarse cuando se trate de datos personales sensibles.
⚖️ Responsabilidad penal
- Prisión de tres meses a tres años si, con ánimo de lucro, se provoca una vulneración de seguridad
- Prisión de seis meses a cinco años si los datos se obtienen mediante engaño o aprovechándose del error de la persona titular
¿Cómo prevenir sanciones y garantizar cumplimiento?
La prevención parte de una cultura organizacional orientada a la responsabilidad. Algunas acciones recomendadas son:
- Asegurar que todos los avisos de privacidad estén actualizados y completos
- Implementar políticas claras sobre consentimiento y tratamiento de datos sensibles
- Establecer canales efectivos para ejercer derechos ARCO
- Capacitar al personal sobre sus obligaciones legales
- Realizar auditorías periódicas sobre seguridad y gestión de datos
- Consultar a expertos en protección de datos para revisar procedimientos y protocolos
Cumplir con la LFPDPPP no debe verse como una carga, sino como una estrategia de confianza, competitividad y ética. Las sanciones no son solo un riesgo económico: son un recordatorio de que manejar información personal implica una gran responsabilidad. Alinear los procesos internos con la ley es una forma de proteger a las personas, a la organización y al entorno en el que opera.
